Caso Rafael Nahuel: Desapareció la bala que lo mató

En una causa judicial polémica, donde no hay nadie procesado por el asesinato del joven mapuche en 2017, ahora no encuentran el proyectil y las armas que usó Prefectura el día del crimen. Por ese motivo no se pudo realizar una nueva pericia.

A mediados de febrero la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (Río Negro) decidió dictar la falta de mérito para el único acusado por el asesinato de Rafael Nahuel. Se trata de el prefecto Francisco Javier Pintos, sindicado como el autor material del crimen del joven mapuche en noviembre del 2017.

El tribunal argumentó que existían dos pericias contrapuestas. La primera fue realizada en junio de 2018. Allí, un equipo integrado por Roberto Nigris, Karina Uribe y Silvia Bufalini estableció que “el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel fue disparado con el arma identificada con el número de serie 05-C335508; es decir, el subfusil asignado a Pintos”.

Sin embargo unos meses después, en noviembre y por pedido del juez subrrogante Gustavo Villanueva, la Dirección de Criminalística de Gendarmería realizó otro peritaje. En ese momento, la fuerza vinculada con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, estableció que el disparo que mató a Nahuel no había salido del arma de Pinto.

Ante esa situación se resolvió realizar un tercer peritaje en la provincia de Salta. Sin embargo la novedad fue que no se sabe dónde está la bala que mató por la espalda a Nahuel, ni tampoco las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad ese día.

Sebastián Feudal, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y querellante en la causa, declaró a Página/12 que “esto no hace más que agravar la responsabilidad internacional de Argentina en el hecho”. “Más allá de que seguimos siendo optimistas respecto de dilucidar las responsabilidades, podemos concluir que es una vergüenza y un incumplimiento de los compromisos internacionales la forma en que se ha tratado la investigación”, añadió.

En ese sentido, desde la APDH no descartan realizar una denuncia penal porque fue violada la cadena de custodia de las pruebas.

“La APDH se presentó como querellante en la causa luego de un año de ocurrido el hecho porque el transcurso del tiempo estaba jugando en contra de la investigación, no estaba siendo eficiente, un hecho que según el derecho internacional es una grave violación a los derechos humanos”, apuntó Feudal. Y recordó que “hay agentes estatales y el poder central involucrados en la muerte de un manifestante que estaba ejerciendo un derecho político reconocido por la Constitución”.

En el marco de esa “ineficiente y negligente investigación”, según el abogado, ahora “se ha producido un escándalo: al momento de producirse una tercer pericia no aparecen dos armas subfusil, una asignada al principal sospechoso Javier Francisco Pintos y otra al prefecto Obregón”.

“Tampoco se encuentra en el lugar donde se iba a hacer la pericia la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel, con el agravante de que los tres elementos estuvieron en custodia de la Gendarmería Nacional al momento de hacer la segunda pericia”, denunció.

A esto hay que sumar que no se hizo presente ningún perito de parte del Ministerio Público. Desde la APDH señalaron que de esta forma queda demostrada la “falta de voluntad de profundizar la investigación” de la Fiscalía.

Fuente “Notas periodismo popular”

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